El 2020 y la Justicia Social

Desafío a los lectores a que me ayuden a cuantificar la propuesta

El 2020 y la Justicia Social. Sociedad de riesgo, neocapitalismo y exclusión social: políticas de estado para crear comunidad

En el post anterior, empecé a esbozar un plan de políticas sociales dando por sentado algunas cuestiones que, gracias a las observaciones de Abel y de otros comentaristas, me he visto forzada a revistar. En efecto, mi planteo partía de una cláusula ceteris paribus en la cual asumía que el Estado cuenta con una gran variedad de mecanismos y recursos para aumentar sus ingresos. Y, habida cuenta de que el Gobierno está actualmente haciendo uso de algunos de esos mecanismos —por ejemplo, aumento de la recaudación, re-estatización de los fondos jubilatorios, etcétera—, me focalicé en la dimensión relativa a la voluntad política y la vocación creativa del Estado.

Pues bien: como decía, algunos comentaristas me han hecho volver, felizmente, sobre esta cláusula y abrir, pensar, algunas de sus dimensiones: fundamentalmente, la económica y la política.

Si bien la política económica no es mi fuerte, luego de intercambiar ideas con un par de sólidos (y pacientes) economistas, pienso que es viable contemplar las siguientes medidas para diversificar las fuentes y aumentar los ingresos del Estado: (a) eliminación (excepto para los sectores vulnerables) de subsidios al transporte, la luz y el gas; (b) abandonaría programas tales como “nacionalizar” la televisación del fútbol o subsidiar la demanda de electrodomésticos, autos, bicicletas, etcétera para los sectores medios; (c) metería mano en la minería, aumentando las regalías, impuestos, controles y regulaciones; y fortaleciendo un sector productivo nacional (con las lecciones aprendidas del caso chileno en la mano); (d) haría lo mismo con la industria pesquera. Para regular las fluctuaciones del precio de nuestros commodities en el mercado internacional, la experiencia chilena del Fondo de Estabilización del Cobre es como para imitar, tanto con la soja como con estos otros dos recursos (los minerales y la pesca). También me parece una buena iniciativa la de incentivar el turismo.

Pero en fin, todas estas son medidas que conllevan largos y tortuosos debates políticos, técnicos, procesos de legislación, implementación, monitoreo, etcétera, que forzosamente recaen en ámbitos de discusión que exceden a este post.

Sin embargo, para pensar e implementar un “Plan Nacional de Políticas Sociales (PNPS) 2010-2020” es factible contar con herramientas mucho más a mano, herramientas que de hecho ya utiliza el Estado y donde la única novedad reside en el modo de implementación. La estrategia consistiría en una planificación centralizada de las políticas y agentes que brindan servicios sociales: unificando metas, aprovechando —e incrementando— recursos y alineando a los actores.

En primer lugar, para diversificar y aliviar a la ANSES como agencia de financiamiento de las políticas estratégicas del Estado, se crearía un Fideicomiso Público con el objetivo de blindar[1] los fondos para uso exclusivo del PNPS, cuyos objetivos, presupuesto y acciones estarían delineados de antemano (con el lógico y necesario margen de corrección-durante-la-marcha). Este Fideicomiso Público dependería directamente del Ejecutivo Nacional, pero con un régimen de rendición de cuentas especial, absolutamente transparente (publicaciones mensuales en la web con la evolución, destino y cantidades de dinero invertido, fondos disponibles, etcétera) y sujeto a observaciones y recomendaciones  periódicas de las comisiones pertinentes del Parlamento. Es decir, un fondo discrecional pero al mismo tiempo escrupulosamente transparente, y fuertemente monitoreado/able por los demás poderes y la ciudadanía en general.

Este Fideicomiso Público estaría alimentado principalmente via la generalización de la RSC (Responsabilidad Social Corporativa) de las empresas (grandes, medianas, pequeñas), práctica corporativa que cuenta actualmente con el beneficio de la exención impositiva: en efecto, aquellas corporaciones que invierten en “programas sociales” —propios, o tercerizados vía ONGs—, obtienen la exención impositiva a la hora de la recaudación. Por lo tanto, el Fideicomiso Público busca absorber esos fondos persuadiendo a las empresas a que decidan, a partir de ahora, transitar el camino de la RSC, invirtiendo directamente esos fondos en el PNPS, sin intermediarios (ONGs). Es decir, ellos hacen buena letra con el Estado, al tiempo que éste obtiene los fondos que necesita para llevar adelante su Plan (win-win).

También, se iniciaría una agresiva campaña de la AFIP para incrementar el “blanqueo” de personal, informando a las empresas que la totalidad de la carga impositiva de esta acción iría directamente al Fideicomiso Público, de manera que el contribuyente no sólo beneficiaría a sus empleados sino que además estaría contribuyendo directamente a generar nuevos empleos, viviendas y escuelas para la población más vulnerable. De nuevo, un win-win: empresas con la legalidad en orden, empleados blanqueados, aumento de la recaudación para el Estado.

A todo esto se le suma la revisión del presupuesto que destina anualmente el Estado para subsidiar ONGs (e incluso, por qué no, a cierta porción de escuelas privadas), presupuesto que sería reorientado —dentro de lo posible— para reforzar y respaldar los esfuerzos de las organizaciones adheridas al PNPS. Así, se ofrecerían incentivos financieros, materiales, de apoyo institucional y de asesoramiento, a las ONGs que decidieran adherirse al Plan, reorientando, si fuera necesario, sus esfuerzos y recursos en pos de la consecución de las metas estatales.

Todo muy lindo. Pero, ¿en qué consistiría concretamente el “PNPS 2010-2020”?

Como se desprende de los párrafos anteriores, uno de los actores principales en la estrategia de centralizar las políticas sociales es el Tercer Sector y, más puntualmente, nos interesa convocar al ejército de voluntarios con los que cuenta nuestro país (sumaban 4,4 millones en el año 2007, según Gallup). La idea de sumar a las ONGs como aliadas estratégicas —y, en la práctica, como brazos ejecutores del Estado, ya no auxiliares sino que ahora protagónicos, organizados, coordinados y con recursos— apunta también a que dichas organizaciones convoquen, junto al Estado, una campaña nacional de concientización y activismo social: “Igualdad Social YA!”.

Este Plan parte de la premisa de que la política social de corto plazo por excelencia para afrontar la urgencia de las necesidades básicas insatisfechas de nuestra población más vulnerable (entre otras cosas, hambrienta, enferma, estigmatizada e “inempleable”) es el voluntariado: la entrega gratuita (o sea, sin costo para el Estado) de nuestro tiempo, esfuerzo y recursos para igualar lo máximo posible la calidad de vida de todxs. Como dijimos anteriormente, esta política debe estar orientada, gestionada y financiada por el Estado.

La política social de más largo plazo, aquella que muchos políticos y políticas directamente pierden de vista (por miopía, cinismo y/o interés), es la pedagogía. Pero de eso ya hablamos en otros posts (acá y acá).

En el medio, se encuentran las políticas de generación y sostenimiento del empleo, que deben ser constantes y bien articuladas.

Ahora bien, antes de meterme de lleno en la propuesta instrumental voy a hacer un pequeño firulete teórico —mínimo—, si me disculpan, porque lo considero fundamental. Gerardo González me decía que “tengo la impresión de que habría que rebobinar la película social nacional hasta Illia, para tener pleno empleo, ascenso social, pobres que llegaban a la universidad” y yo vuelvo a repetir que eso —por muy deseable que fuera— no es posible. Como sostienen varios sociólogos, entre ellos Robert Castel, el modelo de “sociedad salarial” de los años ’50-’70 está aniquilado, fue destruido por las nuevas lógicas de acumulación capitalista que hicieron de la precariedad y flexibilidad laboral su máximo estandarte. Aquella sociedad salarial proveía al trabajador y su familia de “un conjunto de ‘soportes’, de recursos y de regulaciones colectivas, que [garantizan] tanto su supervivencia material como su integración social” (Castel, 1997).

Con la desintegración de aquel modelo, se incrementa en el campo social la “zona de vulnerabilidad”, la cual implica “con respecto al trabajo, la precariedad del empleo y con respecto a la sociabilidad, la fragilidad de los ‘soportes’ proporcionados por la familia y el entorno social. Cuanto más se dilata esta zona de vulnerabilidad, es mayor el riesgo de ruptura que conduce a la ‘muerte social’ (Castel, 1995). Pues el ‘soporte relacional’, al igual que la protección social, juega un papel determinante en la posición que asume cada individuo dentro de la estructura social” (María Alejandra Silva. POBREZA, MERCADO DE TRABAJO Y SALUD. Instituto de Estudios y Formación de la CTA-Rosario. Rosario, 2006 – la negrita es mía).

Hasta tal punto está rota aquella red de contención de la sociedad salarial, que hoy en día tener un empleo ya no es necesariamente equivalente a dejar de ser pobre: “en la actualidad, 1 de cada 5 ocupados en empleos de mercado (es decir, excluidos los planes sociales) es pobre. De hecho, éstos superan en 1 millón el total de desocupados y en más de medio millón el de la suma de los desocupados y beneficiarios de planes sociales con contrapartida laboral. En los hogares pobres, por cada desocupado hay 3,5 ocupados con empleo de mercado”. (Ernesto Kritz. Pobres con empleo. Año 2006. La negrita es mía, la cursiva no).

Por tanto, la lucha contra la pobreza excede a las políticas de generación de empleo.

Para encarar esto adecuadamente, retomaremos a María Alejandra Silva, quien recopila y articula una serie de enfoques teóricos para un abordaje amplio e integral de la problemática:

“Existe otro enfoque que diferencia la pobreza de la exclusión, porque “este último va mas allá de los aspectos económicos y sociales de la pobreza e incluye los aspectos políticos tales como derechos políticos y ciudadanía que remarcan la relación entre los individuos y el Estado, así como entre la sociedad y los individuos” (Bhalla y Lapeyre, 1994). Se propone este nuevo enfoque porque se constata la insuficiencia en la “lucha contra la pobreza”, focalizada en esta temática sin ninguna consideración respecto a los problemas distributivos y su contracara: la extrema riqueza. Esto lleva a que los programas sociales sean básicamente asistencialistas, que no conducen a un fortalecimiento de la ciudadanía. (Minujin, 1998).  La inclusión/exclusión política está directamente ligada con lo que puede denominarse ciudadanía formal y con la participación o no como ciudadanos en la marcha de la sociedad. La inclusión económica y la social están relacionadas con la participación en la vida colectiva y pueden distinguirse dos ejes. Por un lado, el que se refiere al empleo y la protección social, fuertemente determinado por la estructura económica, y que da lugar a la inclusión/exclusión económica. Por otro lado, el que toma en cuenta las interrelaciones individuales y colectivas en el contexto de lo que se ha denominado el capital social y que demarca la inclusión social.  (Minujin, 1999)

La estructura de la inclusión económica está estrechamente relacionada con la de inclusión social, la cual considera aspectos pertinentes al capital social de la familia y de la comunidad, la cobertura de salud, educación, seguridad social y el ingreso familiar, entre otros. (Golovanevsky, 2001)” (María Alejandra Silva. Idem. La negrita es mía).

En este sentido, el PNPS se postula como un gran ensamblaje de dispositivos o políticas 360° que apuntan a crear comunidad: con un enfoque territorial altamente focalizado y concentrado, se apunta a impactar en todas las áreas de NBI de la población en riesgo, en cuyo núcleo se encuentran las mujeres.

En este marco, entonces, lo primero es delimitar los beneficiarios del PNPS, que son dos grandes grupos: las mujeres pobres (por ser, generalmente, las que más impactan en la situación familiar, particularmente de los niños y niñas), y los/las jóvenes de todas las clases sociales, aunque con más hincapié, naturalmente, en los sectores excluidos.

La idea es articular a estos dos grandes colectivos para cooperar y empoderarse mutuamente, siendo ellos y ellas protagonistas de su propio cambio, de su propio proceso de subjetivación personal y colectiva que impactaría, asimismo, en la mejora de las condiciones de vida de toda la comunidad.

Por una parte, se implementaría un Programa Nacional de Juventud en Servicio (PNJS), análogo al que se implementó ya en lugares como Sudáfrica, India, Jamaica, entre otros. Los estadounidenses, asimismo, cuentan con Peace Corps, que fomenta y coordina el trabajo humanitario de los jóvenes (aunque en el caso yanqui los mandan al exterior).

Esta suerte de “ejército civil” o de “scouts estatales” consiste básicamente en un año de trabajo rentado (empleados del estado), tiene como objetivo combatir el desempleo entre los jóvenes al tiempo que se utilizan esas fuerzas productivas en mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables y dinamizar la economía. En el proceso, a estos jóvenes se los capacita, se los “empodera” y se les da un lugar protagónico como sujetos de acción política, es decir, como ciudadanos.

En síntesis, este PNJS cumpliría la triple función de generar empleo, contribuir al logro de las metas del PNPS 2010-2020 y, por último, garantizar la educación de dos maneras: siendo el título secundario requisito para su ingreso, que es donde se registra la mayor tasa de abandono escolar; al tiempo que durante el programa se capacita y forma a los y las jóvenes en las distintas competencias políticas, cognitivas y profesionales contempladas por el Programa.

Asimismo, se puede contar con otra fuente de recursos humanos en las fuerzas armadas, para que participen en el PNPS 2010-2020 (y podría empezarse esa integración desde las academias mismas e institutos de formación, donde, por ejemplo, podría incluirse una orientación en Problemática Ciudadana Contemporánea y Ayuda Humanitaria).

En síntesis, el PNPS proveería tres canales concretos de participación e inclusión para los jóvenes: el PNJS (empleo rentado), el fomento y canalización de la práctica del voluntariado civil en organizaciones del tercer sector y, una vez que se convoque abiertamente a la ciudadanía en general a participar de esta campaña social, solidaria, el “voluntariado estatal”, contando con una Agencia estatal específica para coordinar a estos voluntarios que eligieran participar directamente con el Estado en lugar de hacerlo a través de alguna ONG.

Por otra parte, “La Mujer” es el eje a partir del cual se articulan las políticas 360° del PNPS 2010-2020; es “la causa”, el target y objetivo del Plan: las acciones consistirán en relevar necesidades y situaciones generales actuales de vida de las mujeres argentinas en situación de pobreza e indigencia, para luego activar planes de microcréditos, de emprendimientos productivos, cooperativas; al tiempo que se complementa con acciones en salud, educación, prevención y protección contra la violencia, empoderamiento cívico, etcétera. Esto supone un plan por etapas:

1. Subsistencia: atender las NBI de estas mujeres (y sus familias): alimentación, vivienda, salud, educación, urbanización, servicios públicos (agua, luz, gas, cloacas, telefonía e internet). En esta etapa, habría que adoptar el modus operandi de la organización Un Techo Para Mi País y convertirla en política de estado; lo mismo con el Plan Pro-Huerta del INTA: habría que redoblar sus recursos materiales y humanos, potenciando al máximo su alcance e impacto.
2. Empleo/ingresos: microcréditos, emprendimientos, cooperativas, etcétera.
3. Educación/empoderamiento: alfabetización, talleres de liderazgo comunitario, política y derechos, prevención en salud, planificación familiar, nutrición, etcétera.

Implementar este ensamblaje articulado de políticas 360° llevaría, desde luego, mediante la paulatina remisión de la pobreza, a ampliar y fortalecer el mercado interno.

[Quisiera detenerme brevemente en la intersección entre nuestros grupos prioritarios de beneficiarios del PNPS 2010-2020, es decir, las mujeres adolescentes o jóvenes. Este grupo se hace particular y dolorosamente visible en las investigaciones sobre adolescentes “Ni-Ni” en América Latina: “el grupo de adolescentes desescolarizado e inactivo está conformado mayormente por mujeres. Asimismo, el grupo de mujeres adolescentes que no estudian ni trabajan se distancia del resto de las mujeres adolescentes, conformando un perfil más delineado en sus contornos que el resto de los grupos considerados. De hecho, dos de cada diez mujeres adolescentes que no estudian ni trabajan son cónyuges, nueras o jefas de hogar cuando prácticamente ninguna de las mujeres adolescentes que estudian y/o trabajan ocupan esta posición dentro del hogar del cual forman parte. A esto se suma que la mitad de las mujeres adolescentes en esta condición conviven con [se ven obligadas a cuidar] niños menores de seis años en tanto esta proporción se reduce en 20 puntos porcentuales para el resto de las mujeres adolescentes. (…) En este contexto es importante destacar que si bien la probabilidad de abandonar los estudios es similar para los varones y las mujeres, existe una marcada prevalencia femenina en el grupo de adolescentes que no estudian ni trabajan, lo cual se contrapone con las elevadas tasas de actividad entre los adolescentes varones desescolarizados”].

Con respecto a la segunda dimensión, la política, subsiste la pregunta de Rogelio Galiano acerca de quién bancaría efectivamente a este Estado Maternalista: qué sectores y con qué fuerza impulsarían a los dirigentes a tomar y sostener medidas de esta envergadura y naturaleza.

Sin dudas, la eliminación de los subsidios a los servicios del gas, luz y transporte implicaría la ruptura del “pacto” entre kirchnerismo y sectores medios. Por eso,  me parecería interesante dejar estas medidas para más adelante, y concentrar primero los esfuerzos en sumar al sector privado —mediante los beneficios y redireccionamientos impositivos— y al tercer sector —mediante los incentivos financieros y la campaña “solidaria” de “Igualdad Social YA!”—.

En este sentido, pienso que la estrategia de comunicación es clave para el éxito de este Programa. La misma debe ser gradual, comenzando con un perfil muy bajo —especialmente, ante los medios de comunicación—. La idea con esto es no polarizar la toma de decisión del empresario o director de ONG al calor del noticiero, sino que, por el contrario, tomen la decisión de manera privada y con toda la información en la mano. Si el Plan ha de ser anunciado, que lo haga un funcionario técnico en algún evento lejano, lo más lejos del kirchnerismo posible; y que la información, reclutamiento y adhesión se efectúen mediante los canales de atención ciudadana de la AFIP, del Ministerio de Desarrollo Social, y no mucho más. Hay que capacitar a los operadores para que sean agentes efectivos del PNPS, asegurarse de que cuenten con toda la información y que, asimismo, puedan proveer a los interesados canales de adhesión que sean fáciles de usar, intuitivos y claros.

Una vez puesto en marcha el Fideicomiso con la adhesión de cierto número importante de empresas y ONGs, convocaría más abiertamente a la ciudadanía en general mediante la campaña “Igualdad Social YA!”, que es una “causa blanca”, es decir, una causa con la que todo el mundo estaría de acuerdo y con la que todos se pueden relacionar, más allá del credo, clase social, color político, etcétera.

Sucede que, como discutíamos hace un tiempo en Mide/No Mide, en general las clases medias —al igual que la mayoría de los jóvenes, curiosamente— no canalizan su participación o actividad política en ámbitos partidarios sino a través de otros espacios:

(a)      los medios masivos de comunicación, como prosumidores de información;

(b)     la Responsabilidad Social Corporativa (los sectores medios-altos y altos);

(c)      el voluntariado social (las ONG).

Es fundamentalmente a través del voluntariado —entendido por estos actores como “militancia laica” o apartidaria (fíjense después de 2001 cuántas ONG definen sus objetivos, misión y visión con esa palabrita)— que se corporizan las clases medias, participando en el proceso de construcción social. Es decir que mediante esta práctica (aunque de ninguna manera excluyente) se pone en juego la subjetivación e identificación política y social, más allá del voto en las urnas o del pago de impuestos. Es decir: cuándo y cómo los sectores medios exceden —de manera más o menos consciente— su “doctrina del granito de arena”.

Esto, bien explotado, podría ser un buen camino para su buy-in en el modelo de estado maternalista, profundizando su consabido “pacto” con el gobierno populista y apropiándose del proceso de construcción de una sociedad igualitaria —lo cual, sabemos, es un poderoso dispositivo de adhesión y cohesión social: pasó en Francia, pasó en México, pasó en EEUU, pasó en Cuba, pasó en India, pasó en China, pasó en todos los países donde “Revolución” significó “comunión”: el incremento repentino (y explosivo) del Espacio Público, del Espacio Común, de la acción colectiva (muchos actuando como Uno).

Queda la pregunta de qué pasaría con la estructura de punteros políticos en caso de implementarse una red tan masiva y poderosa de intervención social: lo más probable es que ambas se superpongan y, en todo caso, que la antigua estructura de clientelismo sea reemplazada por otra, aunque un poco más transparente y con más alternativas (desde el punto de vista del beneficiario).

Asimismo, sería interesante ver cómo involucrar en este proceso o estrategia a actores clave como, en primer lugar, los sindicatos, y en segundo lugar los nuevos colectivos sociales (de los cuales muchos se plantean como “contra-hegemónicos”, en conflicto con el Estado).

En definitiva, se trata de convocar y articular inteligentemente a la mayor cantidad de actores posible, no en un vacuo idealismo new age (a.k.a gatopardismo), sino de concebir, verbalizar y accionar una nueva épica brillante, transparente, propia de una sociedad reflexiva, esto es, vuelta sobre sí misma, traccionando una Revolución donde el enemigo no es un Otro sino que es la pobreza, reivindicando así a la hermana más importante de la tríada: la Fraternidad.

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[1] Ojo con esta palabra: aunque soy partidaria de disputar significantes, no sé si la usaría para comunicar el plan…

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